El Dilema Moderno: Libertad de Expresión, Plataformas Digitales y los Límites del Poder

 

Cortesía de LetsLaw

La libertad de expresión, consagrada como un pilar fundamental de las sociedades democráticas, ha encontrado en la Internet y las redes sociales su ágora contemporánea. Plataformas como YouTube, Twitter o Facebook se han erigido en los nuevos espacios públicos globales, donde teóricamente cualquier persona puede ejercer este derecho. Sin embargo, esta digitalización de la expresión conlleva una paradoja inherente: estos espacios no son plazas públicas administradas por Estados, sino empresas privadas multinacionales. Este ensayo explorará la compleja tensión entre el ideal de la libertad de expresión, las políticas corporativas de estas compañías, su sujeción a las políticas de Estado de los países donde operan, y las consecuencias de esta colisión para el ciudadano común, tomando como caso emblemático el cierre de canales oficiales, como el del presidente venezolano Nicolás Maduro.

La Premisa Fundamental: Empresas Privadas en un Ecosistema Global

Es crucial entender que, legalmente, las plataformas digitales son entidades privadas que ofrecen un servicio. Al hacerlo, establecen unos Términos de Servicio (TdS) que todos los usuarios aceptan tácitamente. Estos TdS son la ley interna de la plataforma y otorgan a la empresa el derecho de moderar y eliminar contenido, o cerrar cuentas, que consideren que infringen sus normas. Este poder es inmenso y, en principio, es un ejercicio legítimo de la autonomía privada para gestionar su comunidad y proteger su marca.

No obstante, la escala global de estas empresas las sitúa en una encrucijada geopolítica. Si bien son corporaciones con intereses comerciales, su funcionamiento depende intrínsecamente de la política de Estado del país donde tienen su sede (principalmente Estados Unidos) y de aquellos donde desean operar. Para acceder a mercados como la Unión Europea, India o Brasil, deben cumplir con las leyes locales sobre datos, discurso de odio, noticias falsas, etc. Esto crea un sistema de "lealtades múltiples": lealtad a sus accionistas, a las leyes de su país de origen (como la Primera Enmienda estadounidense, que no se aplica a empresas privadas) y a las legislaciones de las naciones anfitrionas. Esta triangulación de intereses significa que sus decisiones rara vez son puramente técnicas o éticas; a menudo son geoestratégicas.

El Caso Práctico: El Cierre de Canales y la Selectividad Aparente

El cierre del canal oficial de Nicolás Maduro en YouTube, así como el de otras figuras políticas, periodistas o ciudadanos de diversa relevancia, ejemplifica este conflicto. Las plataformas argumentan que estas acciones se toman por violaciones específicas a sus TdS, como la difusión de desinformación sobre COVID-19, incitación a la violencia o la elusión de sanciones internacionales (en el caso de Maduro, las sanciones estadounidenses prohíben a empresas norteamericanas realizar transacciones con él o su gobierno).

La crítica surge al observar una aparente selectividad. ¿Por qué canales que claramente difunden discurso de odio, teorías conspirativas o noticias falsas permanecen activos, mientras otros son cerrados? Aquí entran en juego varios factores:

1.   El algoritmo y la denuncia: El sistema de moderación se basa en gran medida en algoritmos automatizados y en reportes de usuarios. Un volumen masivo de denuncias puede acelerar la revisión de un canal, pero también puede ser convertido en arma o “weaponizado” por brigadas organizadas para silenciar voces opuestas. La trascendencia de una denuncia no radica en su veracidad inherente, sino en su volumen y en la eficacia del algoritmo o del revisor humano para identificar una violación real. Esto crea un sistema vulnerable al abuso.

2.       Presión política y de imagen: Las decisiones sobre figuras de alto perfil como un jefe de estado son rara vez automatizadas. Implican revisiones legales y de relaciones públicas de alto nivel. Una empresa puede actuar con mayor contundencia contra un actor sancionado internacionalmente o ampliamente condenado por la comunidad occidental, para proteger su imagen y evitar sanciones legales de su propio gobierno.

3.       Interpretación cultural y política: Los TdS son interpretados por empleados y sistemas que operan desde una cultura corporativa específica, predominantemente anglosajona y liberal. Lo que se considera "discurso de odio" o "desinformación dañina" puede tener matices culturales y políticos que un sistema global homogenizante no logra captar por completo.

El Ciudadano Común: ¿Atrapado en el Fuego Cruzado?

En este panorama, el ciudadano común queda en una posición de profunda vulnerabilidad. Sus derechos se ven afectados de varias maneras:

·      Asimetría de Poder: El individuo se enfrenta a un gigante tecnológico cuyas decisiones son inapelables en la práctica. Los procesos de apelación suelen ser opacos y lentos.

·         Erosión de la Plaza Pública: Si las plataformas se convierten en los nuevos foros de debate, pero su administración está sujeta a intereses comerciales y geopolíticos, la libertad de expresión se convierte en un privilegio condicional, no en un derecho garantizado.

·   Polarización y Cámaras de Eco: Los algoritmos diseñados para maximizar el compromiso (engagement) suelen promover contenido polarizante, mientras que la moderación selectiva puede alimentar narrativas de persecución y sesgo, fracturando aún más el discurso público.

·         Inseguridad Jurídica: El usuario nunca está seguro de si su expresión será juzgada bajo un estándar consistente. La línea entre lo permitido y lo prohibido es movediza y depende de factores ajenos a su control.

Conclusión: ¿Dónde Quedan los Derechos?

Los derechos, en este nuevo ecosistema, no han desaparecido, pero se han transformado y complicado. Ya no se debaten únicamente en los parlamentos nacionales, sino también en los comités de ética de Silicon Valley y en las salas de juntas donde se ponderan riesgos legales y comerciales.

La solución no es simple. Por un lado, exigir a las empresas privadas que garanticen absolutamente la libertad de expresión es una concepción errónea de su naturaleza; son empresas, no estados. Por otro, su poder cuasi-soberano sobre la discusión pública hace insostenible que operen sin una supervisión y regulación democrática mucho más robusta.

El futuro de la libertad de expresión en el siglo XXI dependerá de la capacidad de las sociedades para construir marcos regulatorios internacionales que equilibren el poder de las plataformas, responsabilizándolas sin coartar la innovación, y que protejan al ciudadano sin caer en la censura estatal. El desafío es monumental: crear una gobernanza digital que sea tan global como las propias plataformas, y tan comprometida con los derechos fundamentales como deberían ser los Estados democráticos. Mientras tanto, el ciudadano común navega un espacio donde su voz puede ser amplificada como nunca antes, pero también silenciada por mecanismos opacos que reflejan las complejas y a menudo contradictorias lealtades del poder moderno.